El conflicto por los bloqueos de direcciones IP impuestos por LaLiga y Telefónica desde febrero sigue generando polémica en España. Aunque la sentencia que autoriza estas medidas está vigente desde noviembre de 2024, Cloudflare y otras empresas han presentado recursos judiciales para frenar los bloqueos, argumentando que afectan de forma desproporcionada a numerosos sitios web y usuarios que no tienen relación con las emisiones ilegales de eventos deportivos.

Inicialmente, Cloudflare presentó un recurso de nulidad ante el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, que fue rechazado. Sin embargo, ahora la compañía estadounidense ha decidido llevar la cuestión al Tribunal Constitucional para solicitar que se declare la ilegalidad de estos bloqueos masivos.

Según Cloudflare, LaLiga ocultó información clave al tribunal al no informar que las IP bloqueadas eran compartidas por miles de webs, lo que provoca un impacto colateral muy amplio, afectando a servicios institucionales, comercios y plataformas online. Además, la falta de mecanismos judiciales que limiten el daño a terceros ha sido uno de los principales puntos criticados.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoció que inicialmente se evitó bloquear las IP de Cloudflare para no generar problemas, pero desde febrero la aplicación de bloqueos se intensificó, afectando a numerosos dominios y servicios legítimos. La disputa legal se mantiene tensa y se espera que el Tribunal Constitucional tome una decisión en los próximos meses, con el posible impacto que esto tendrá para el control de contenidos y la seguridad en internet en España.

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